Más de 30 años después de un contagio masivo de VIH, vuelven a juzgar a 3 médicos

Fue por transfusiones. Los médicos fueron sobreseídos por el juez Bonadío y la fiscal logró reabrir la causa.

El juez federal Sebastián Ramos tomó hoy declaración indagatoria a uno de los tres directivos de de la Fundación de la Hemofilia citados en la causa que los tiene como los principales responsables del contagio masivo de VIH y hepatitis de al menos 208 pacientes entre 1979 y 1991.

La fiscal Alejandra Mángano había pedido al juez que indague a los acusados por su accionar “sumamente negligente e imprudente”, al haber suministrado plaquetas contaminadas que “propagaron” la enfermedad, y también solicitó que defina su situación procesal. Los imputados son Miguel de Tezanos Pinto, ex director de la Fundación, Raúl Pérez Bianco, ex director médico y los ex directivos Eduardo Biedma y Eduardo Díaz, todos ellos denunciados por pacientes hemofílicos desde hace años.

La causa es compleja porque al no haber sido avisados los pacientes de la contaminación de las plaquetas, los virus en sus cuerpos siguieron actuando sin control, como explica la fiscal Mángano en su escrito: “El contagio de dichas enfermedades se multiplicó con posterioridad a personas que si bien no eran hemofílicos, mantenían relaciones habituales con ellos sin la pertinente prevención, habida cuenta de que los pacientes contagiados desconocían que habían sido infectados”. Los pacientes recién fueron notificados de los contagios cinco años después.

En su declaración de ayer, el primero de los citados, Pérez Bianco (también ex director de la Academia Nacional de Medicina), se desligó de cualquier responsabilidad y se explayó en el contexto histórico de cuando ocurrieron los contagios. En ese entonces no existían los controles que existen hoy. De hecho la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recién fue creada en 1992. Es decir, el Estado no ejercía un control efectivo sobre los organismos que manipulaban y aplicaban concentrados de coagulación antihemofílicos.

De todas maneras, hubo señales de alarma. La fiscal en su escrito lo dice claramente: “En febrero de 1983, la Fundación Nacional de la Hemofilia, emitió a todas sus filiales –entre las que se encuentra la de Fundación de la Hemofilia de la República Argentina- un comunicado a través del cual solicitó que se discontinuara el tratamiento con los factores de coagulación “Factor VIII” y “Factor IX” importados, ya que el riesgo de contraer VIH y Hepatitis B y C era altísimo. Recomendación a la que nunca se le dio una real importancia”.

Y luego, agrega: “El estado argentino en el momento de llevarse a cabo las transfusiones con los factores coagulantes antihemofílicos denominados Factor VIII y IX no brindó un adecuado control sobre todos aquellos lotes de sangre que ingresaban al país, lo que hubiera permitido velar por el derecho a la salud de las 208 víctimas totales que no sólo adquirieron las graves enfermedades de VIH y HCV, sino que también ante la ausencia de una correcta notificación de las mismas, éstos propagaron a sus esposas, parejas e hijos, generando que los efectos de estas dos graves enfermedades a la fecha, se desconozcan”.

El camino judicial había comenzado el 29 de agosto de 2005, con la denuncia de Gonzalo Giadone, abogado de una de las víctimas. Paralelamente, otras víctimas comenzaron a presentar denuncias por los mismos hechos, que derivaron en diversos expedientes que recayeron en diferentes Juzgados. No hubo avances.

En 2009, el juez federal Claudio Bonadío consideró que la causa había prescripto y sobreseyó a los imputados. Las querellas apelaron. En mayo de este año la Sala I de la Cámara de Apelaciones declararon nula la prescripción y apartó a Bonadío de la causa. Entonces entraron en escena la fiscal Mángano y el juez Ramos.

“Entiendo que las acciones de haber prescripto, aplicado, y/o haber ordenado aplicar, son los medios a través de los cuales se propagaron las enfermedades contagiosas VIH y Hepatitis B y C”, dice Mángano, que agregó el concepto de “propagar”. También hizo hincapié en que Japón, Brasil y Estados Unidos habían rechazado estos lotes que resultaron contaminados. Hoy el juez Ramos le tomará indagatoria a Tezanos Pinto y mañana será el turno de Biedma. Díaz murió. La mayoría de los pacientes que se contagiaron hace ya más de 30 años también están muertos.Lo que se juzga en este delito contra la salud pública es si hubo imprudencia, negligencia o impericia. La pena va de seis meses a cinco años de prisión.

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