El ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz “trabaja en un proyecto” de ley, según adelantó este domingo la propia cartera a través de su página de Facebook.

La idea es agregar un inciso al artículo 510 del Código Procesal Criminal que determina los requisitos para dictar la prisión preventiva. A “los motivos ya existentes sumarle el no cumplimiento de una orden de restricción, que debe estar vigente y debidamente notificada”, explicó el funcionario y señaló que “en este aspecto los organismos involucrados deberán establecer un mecanismo”.

“Las provincias pueden dictar sus propios códigos de procedimientos, que son las herramientas procesales que tienen los magistrados para aplicar la ley y eso buscamos para combatir los incumplimientos a las órdenes judiciales. Una vez que la Justicia da una orden, hay que cumplirla. Y si no se lo hace, pone en riesgo a las personas”, dijo Monez Ruiz.

Las declaraciones del funcionario fueron acompañadas por un dato, pero no se aclara si corresponde a la provincia o es nacional: 3 de cada 10 denunciados por violencia de género violan las restricciones, no se cumplen.

La publicación oficial del ministerio de Gobierno da cuenta además que en la Argentina en 2017 “una mujer fue asesinada cada 29 horas, en el 18% de los casos habían denuncias previas, y sobre un 12 % había ordenes de restricciones no cumplidas”. A nivel provincial oficialmente no se han dado a conocer las estadísticas.

El actual Gobierno creó en diciembre de 2015 un oficina con rango de ministerio. Se trata de la secretaría de la Mujer #Ni Una Menos.

En el primer mes del año se registraron varios casos que tuvieron trascendencia pública a partir de las publicaciones de los medios periodísticos.

 

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